Transportistas reclamaron en Avellaneda por multas «confiscatorias» de hasta 9 millones

Cerca de 200 camiones se concentraron frente al Juzgado de Faltas de Avellaneda para reclamar por multas que el sector considera confiscatorias y que, en varios casos, superan los 9 millones de pesos. La AAPC denuncia que las actas se labran en lugares sin señalización y sin información sobre las calles habilitadas para el tránsito pesado.

Su secretario general, Fernando Espósito, lo planteó como un problema de reglas parejas: «La ley se tiene que cumplir de ambas partes. Si no tenés la red señalizada, el que no conoce cae en una trampa y después te ponen multas con valores irrisorios y que no se pueden pagar».

El conflicto tiene un escenario concreto: el Puerto de Dock Sud, la principal terminal de contenedores de la Provincia, desde donde operan entre 500 y 600 unidades. Las obras de ampliación, estimadas en 143 millones de dólares, ampliarán la capacidad y el tránsito pesado en una zona que, para el gremio, no está preparada.

Para el sector, la desproporción es el nudo del problema: una multa que no se puede pagar deja a un cuentapropista sin su herramienta de trabajo. Y el reclamo excede a los camiones: si la discusión no se resuelve, advierten, la expansión del puerto queda en riesgo. La pregunta que dejan apunta al Estado: ¿se puede exigir una regla que nadie comunicó y cobrarla sólo a una de las partes?